Una familia indígena, tras viajar cuatro horas para denunciar la presunta agresión sexual de una niña de 12 años, se encontró con la negativa de recibir su declaración en la Casa de Justicia de Huauchinango debido a la falta de un traductor de náhuatl.
Agotadas y con temor, una madre, su hija de 12 años y la abuela de esta, provenientes de la comunidad de Atla, Pahuatlán, arribaron a la Casa de Justicia con la esperanza de exigir justicia. Sin embargo, su expectativa chocó con una barrera institucional: se les informó que no podían ser atendidas de inmediato porque no había personal que hablara su lengua materna, el náhuatl.
Según el relato de los hechos, la funcionaria a cargo les manifestó que la gestión de un traductor podría tomar "hasta cinco días", por lo que les sugirió regresar en otra ocasión. La familia, con un dominio limitado del español, abandonó el lugar sintiéndose vulnerada y con la sensación de que el acceso a la justicia les había sido negado.
La situación se revirtió gracias a la intervención de un colectivo de apoyo a víctimas, que al conocer el caso, les brindó acompañamiento. Fueron trasladadas a las autoridades municipales de Huauchinango y, posteriormente, a la Casa de la Mujer en Venta Grande, donde finalmente recibieron un trato digno, apoyo inmediato y se logró formalizar la denuncia penal.
En contraste con la vivencia relatada por la familia, la Fiscalía General del Estado de Puebla emitió un comunicado en el que afirma que no se negó el servicio a la víctima. Reconoció que en el momento de la llegada de la familia no se contaba "de manera inmediata" con un perito traductor, elemento indispensable para garantizar sus derechos.
La dependencia estatal informó que, para salvaguardar la integridad de la menor y sus familiares, se les proporcionó alojamiento en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán. Asimismo, confirmó que, a primera hora del día siguiente, se iniciaron formalmente las indagatorias con el apoyo de un traductor de náhuatl proporcionado por una asociación civil.
El caso ha puesto en evidencia los desafíos que persisten en el sistema de justicia para garantizar una atención adecuada e inmediata a los pueblos indígenas, especialmente en delitos tan graves como la agresión sexual. La justicia para la menor de 12 años ahora depende de una investigación que, se espera, no se vea entorpecida por más obstáculos.
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