Abuela, Madre y Víctima indígenas no son antendidas en la Fiscalía por falta de traductor.

Una familia indígena que llegó exhausta, asustada y dispuesta a exigir justicia por la presunta violación de una niña de 12 años; fue rechazada en la Casa de Justicia de Huauchinango bajo el argumento de que “no había quien hablara náhuatl”, es decir no había traductor para darle la atención debida del caso. La Fiscalía, consultada al respecto, informó que ya realizan las investigaciones, y confirmó que no se negó el servicio a la víctima, sino que se debía esperar al traductor para poder tomarle la denuncia.

La menor, su madre —con un bebé en brazos— y la abuela emprendieron un viaje de casi cuatro horas desde la comunidad de Atla, en Pahuatlán, para presentar una denuncia penal. Todo lo que sabían sobre el sistema de justicia lo aprendieron en el camino: que debían llegar, narrar lo ocurrido y esperar apoyo. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

En la Casa de Justicia se toparon con una empleada que, lejos de brindarles orientación, les dijo que no podía recibirles la denuncia porque no entendía su lengua. La familia, que habla náhuatl y apenas balbucea español, quedó paralizada ante la respuesta. La funcionaria agregó que solicitar un traductor tardaría “hasta cinco días”, por lo que debían regresar en otro momento. Así, sin más, el acceso a la justicia les fue arrebatado.

Agotadas, hambrientas y profundamente vulneradas, las tres mujeres abandonaron el recinto con la misma incertidumbre con la que llegaron, pero ahora cargando una frustración más pesada: la institucional. Su situación cambió hasta que integrantes de un colectivo de apoyo a víctimas se enteraron del caso y decidieron acompañarlas.

El grupo las llevó al centro de Huauchinango, donde autoridades municipales escucharon su testimonio y de inmediato las trasladaron a la Casa de la Mujer, en Venta Grande. Ahí, el trato fue completamente distinto. Una de las abogadas incluso compartió sus alimentos con la familia, pues ya era tarde y no había dónde comprar comida. Luego, sin demora, se integró la denuncia penal correspondiente.

La familia finalmente fue atendida con dignidad. Ahora, el llamado es claro: que este caso no quede en el olvido, que se investigue y que la niña reciba justicia.

 

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