Ocho bloqueos en distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla provocaron un severo caos vehicular este martes. Presuntos familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) del penal de San Miguel salieron a las calles para denunciar una red de extorsiones, amenazas, golpizas y cobros excesivos dentro del centro penitenciario. Exigieron el traslado de varios internos a cárceles federales y la destitución de autoridades que, según sus acusaciones, permiten y protegen esas actividades. Áreas de inteligencia de distintas corporaciones detectaron que las manifestaciones estuvieron organizadas y financiadas por un grupo de la delincuencia organizada, que pretende hacerse con el control del penal; sin embargo, esto último no significa que no haya corrupción en dicho penal, señalaron las fuentes.

Los inconformes utilizaron camiones rentados para movilizarse y cerrar simultáneamente ocho puntos: Vía Atlixcáyotl, a la altura de las casetas de peaje; avenida Reforma y 11 Sur; Reforma y 3 Sur; 5 Sur y 5 Poniente; bulevar 5 de Mayo y 14 Oriente; Periférico Ecológico, frente al C5; Camino al Batán; exterior del penal de San Miguel, y autopista México-Puebla, a la altura de Xoxtla.

Con pancartas y consignas denunciaron que sus familiares reciben amenazas y que los extorsionadores exigen cantidades que pueden alcanzar los 300 mil pesos para evitar que los internos sean golpeados. También señalaron que algunos reclusos son obligados a comercializar drogas y, cuando no cumplen con las cuotas impuestas, reciben castigos físicos que incluso los han llevado al hospital.

De manera anónima, responsabilizaron de presunta protección a estas prácticas al director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, y al juez Salvador Hernández Martínez, de quien aseguraron que mantiene negocios dentro del inmueble. Exigieron su destitución y la intervención del Gobierno estatal.

Añadieron que los gastos no terminan en las extorsiones: también deben cubrir precios elevados de abarrotes, artículos de limpieza y cuotas para ingresar al centro penitenciario, lo que ha vuelto insostenible mantener a sus familiares.

La protesta escaló con la quema de ramas en la Vía Atlixcáyotl y neumáticos en la autopista México-Puebla. Cerca de las 13:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública informó que había ofrecido diálogo mediante la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, pero los manifestantes no habían aceptado inicialmente.

Posteriormente, la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de negociación. Alrededor de las 14:00 horas se anunció la liberación de seis puntos y, aproximadamente una hora después, se consiguió retirar los dos bloqueos restantes. Cerca de las 15:00 horas quedaron abiertas las vialidades, aunque en la autopista México-Puebla persistieron largas filas vehiculares durante más de una hora.

Los inconformes advirtieron que regresarán a las calles el viernes 13 de noviembre si no trasladan a Juan Carlos, alias El Primo, y a El Mara, además de otros internos señalados como responsables de las extorsiones.

Sin embargo, fuentes policiales consultadas por este medio revelaron otra línea de investigación: áreas de inteligencia habrían detectado que la movilización fue financiada por integrantes de un grupo criminal que opera en la zona metropolitana, presuntamente con pagos de 400 pesos por participante.

Las fuentes señalaron que el objetivo sería generar desestabilización para disputar el control de las actividades económicas legales e ilegales dentro del penal. También indicaron que, entre las 80 y 100 personas que acudieron al exterior de San Miguel, habría integrantes de un grupo criminal que se distinguían por utilizar cubrebocas negros y que presuntamente insultaron y amenazaron a los custodios.

De acuerdo con esta versión, aunque entre los participantes sí había familiares de internos, la organización y movilización habrían sido impulsadas por dicha estructura criminal, cuya identidad se mantiene bajo reserva.