En sesión ordinaria de Pleno rindieron protesta las y los ciudadanos Jorge Luis Vélez Pavia, Pavel Gaspar Ramírez, Patricia Murrieta Palomino, Osvaldo Juárez Ortega, Lucía Morales Herrera, Mayra Estrella Tame Macías, Rosalinda Toledo Castellano y Miriam Ávila Peralta, como diputados y diputadas de la LXI Legislatura. 

Esto, tras la licencia que solicitaron y obtuvieron diputadas y diputados de la LXI Legislatura para reunir los requisitos y condiciones legales establecidas en el marco jurídico constitucional legal electoral. 

Durante la sesión la diputada Silvia Tanús Osorio, así como los diputados Rafael Micalco Méndez, Edgar Garmendia de los Santos y Juan Enrique Rivera Reyes dieron la bienvenida a las y los legisladores que se integran al Congreso del Estado; coincidieron en que es necesario privilegiar el consenso y el debate con respeto, para seguir trabajando en favor de Puebla y los poblanos. 

Por otra parte, el diputado Oswaldo Jiménez López presentó una iniciativa mediante la cual se expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla, que tiene por objeto regular los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana, en el ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos.

En la propuesta se establece que la participación ciudadana es el conjunto de actividades, a través de las cuales toda persona tiene derecho de intervenir en la toma de decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones de gobierno, de manera directa, efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente. 

En tanto, la diputada Eliana Angélica Cervantes González presentó una iniciativa por la que se reforman las fracciones XXVI y XXVII y se adiciona la fracción XXVIII al artículo 4 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado, con el objetivo de establecer los conceptos de inocuidad alimentaria, técnica hidropónica y seguridad alimentaria, para armonizar el marco legal local.  

A través de la iniciativa, se define a la Inocuidad Alimentaria como el principio que rige la producción alimentaria, que abarca desde la producción hasta la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, hasta la preparación y el consumo de los alimentos, lo anterior para combatir el uso de agentes patógenos nocivos que alteran o afectan al medio ambiente, dirigido a procurar la sanidad de los alimentos priorizando la salud de quien los consuma. 

A la técnica hidropónica como un sistema de cultivo, en el cual se logra el desarrollo de las plantas en medios acuosos sin la necesidad del suelo, y a la seguridad alimentaria como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población.

De igual forma, la diputada presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado a diseñar campañas y políticas públicas tendientes a fomentar y proteger el desarrollo de la apicultura, reconociendo que la misma es de vital importancia para el proceso de polinización en el ecosistema y para generar ingresos por la producción de miel.

La iniciativa y el punto de acuerdo fueron turnados a la Comisión de Desarrollo Rural, para su estudio y resolución procedente. 

Durante la sesión, también se dio cuenta de la iniciativa de la diputada Laura Zapata Martínez para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con el fin de promover los mecanismos necesarios para que las mujeres tengan acceso de manera igualitaria a tecnologías de la información, la ciencia y los avances científicos. 

La iniciativa mediante la cual se reforman las fracciones XIV, XV y se adiciona la fracción XVI de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, indica que se velará en todo momento para que la aplicación de esta ley se realice con perspectiva de género.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.